Declaración del Comité Político de la Liga de Unidad Socialista
La “Supervía” poniente es un proyecto que el Gobierno del Distrito Federal (GDF) ha venido impulsando fuertemente pese a la constante oposición ciudadana contra las irregularidades legales, las lesiones a las áreas naturales y la afectación de zonas habitadas. El proyecto comprende múltiples túneles y puentes, y forma parte de una Autopista Urbana con casetas de cobro. Las autoridades del gobierno perredista señalan que la obra será benéfica, dado que comunicará la rica zona empresarial de Santa Fe con el Sur de la ciudad de México. Los argumentos principales para su construcción consisten en que mejorará la economía local y regional, y que disminuirá el tiempo de traslado y el combustible.
Como argumentaremos a continuación, los efectos negativos que tendrá (y ya tiene) este proyecto deberían ser suficientes para que el GDF detenga esta construcción.
El gobierno de la ciudad otorgó una concesión de más de 30 años a la Controladora Vía Rápida Poetas, donde participan la constructora española OHL y la empresa COPRI, encabezada por el presidente de colonos de Santa Fe. Como resultado de esta concesión, y a pesar de la oposición por parte de habitantes de la zona, el GDF emitió decretos expropiatorios en terrenos donde habitan más de 150 familias (que representan únicamente los hogares inicialmente afectados, ya que más adelante habrá un mayor número de habitantes desplazados) en las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Estas familias han manifestado su inconformidad con un movimiento pacífico, y con cientos de amparos.
Las autoridades capitalinas y la Controladora Vía Rápida Poetas consideran de “baja importancia” los efectos de derribar más de 30 mil árboles de los amenazados bosques que rodean a la ciudad de México. Y, por increíble que parezca, el GDF argumenta que la Autopista Urbana que incluye la “Supervía” poniente será benéfica para el ambiente (http://www.transparenciaautopistaurbana.df.gob.mx/beneficios.html).
La realidad, sin embargo, es que la construcción comprende la destrucción de predios, y afecta barrancas y suelos de áreas protegidas donde habitan especies de flora y fauna consideradas como amenazadas, algunas de las cuales se encuentran bajo “protección especial”.
La “Supervía” será construida sobre suelo catalogado en Área de Valor Ambiental y Área Natural Protegida. De hecho, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial del DF (PAOT) reconoce que el proyecto tiene “serias deficiencias técnicas, como es la falta de los elementos acerca de los impactos ocasionados y la ausencia de medidas de mitigación o resarcimiento” (http://www.paot.org.mx/paot_docs/centro_documental/html/inicio.php)
La construcción sobre barrancas, cañadas, bosques y ríos ocasionará graves daños a los de por sí sobreexplotados mantos acuíferos. Estos efectos se sumarán a la carencia de agua, que afecta principalmente a las zonas populares y menos favorecidas de la ciudad. Dicho sea de paso, las zonas privilegiadas de la ciudad rara vez padecen de falta de agua potable.
La imposición de la “Supervía” no sólo tiene que ser detenida por los daños a la ciudadanía y a las áreas naturales, sino porque el proyecto parte del supuesto de que el problema de congestión vial puede ser solucionado con grandes construcciones de autopistas y pasos a desnivel. Pero décadas de experiencia nos han mostrado que los enormes recursos invertidos en estas obras no han hecho más que beneficiar a las grandes empresas automotrices, a las grandes constructoras y a los políticos que se han enriquecido mediante el cobro subterráneo de “tajadas”, mientras que el problema de las congestiones sólo se ha venido agravando.
La política de construcción de obras viales faraónicas no ha resuelto la aguda necesidad de contar con transportación ágil, y más bien ha continuado fomentando las congestiones de automóviles. El frustrante problema del tráfico en la ciudad de México no se debe a la falta de vialidades, sino a la irracional promoción del uso del automóvil. A las empresas automotrices y a los gobiernos de las grandes ciudades les importan, sobre todo, las ganancias y el reparto de éstas entre los superricos y los políticos. Para ellos, el bienestar de la población es una consideración enteramente secundaria.
La construcción de la “Supervía” sólo agravará el problema del tráfico, ya que sólo trasladará las congestiones de un lugar de la ciudad a otro. La cantidad de automóviles crece aproximadamente al ritmo de diez por ciento anual, sin que el gobierno federal, el GDF, o los gobiernos estatales se hayan planteado el compromiso de incentivar adecuadamente la alternativa de un transporte público cómodo, seguro y no contaminante.
Los fondos públicos deberían ser invertidos en una verdadera solución a largo plazo, que implicara el fin de la sobrecentralización del país en una gigantesca, cada vez más deshumanizada, frustrante y disfuncional capital, así como el adecuado reparto del desarrollo en beneficio de las 32 entidades federativas. Este plan estratégico de desarrollo nacional deberá comprender el respeto a los pobladores y la participación de éstos, así como un plan maestro de cuidado del ambiente y de extensión de una red de áreas naturales.
¿Quiénes serán beneficiados por la “Supervía”?
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