Liga de Unidad Socialista
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Por una Reforma Urbana Democrática
Foro Regional Centro-Occidente: Hacia un Marco Jurídico del Desarrollo Metropolitano en México Congreso del Estado de Jalisco Guadalajara, Jalisco, 18 de octubre de 2010 Ponencia: El derecho a la ciudad:
Román Munguía Huato* El derecho a la ciudad no es simplemente un derecho de acceso a lo que ya existe, sino un derecho a cambiarlo. Tenemos que estar seguros de que podemos vivir con nuestras propias creaciones. Pero el derecho a cambiar nosotros mismos, creando un tipo cualitativamente diferente de socialidad urbana es uno de los más preciosos de todos los derechos humanos… el derecho a la ciudad que no es simplemente un derecho de acceso a lo que los especuladores inmobiliarios y los planificadores estatales definen, sino un activo derecho de hacer la ciudad diferente, para darle forma más acorde con nuestro deseo del corazón, y volver a hacernos de ese modo, en una imagen diferente. David Harvey Quiero señalar de entrada que comparto el planteamiento de uno documentos base de esta convocatoria: …los modelos de desarrollo y ocupación del territorio, así como el crecimiento de nuestros centros urbanos, presentan una profundad desigualdad económica, social y espacial, que genera pobreza y exclusión, contribuyen a la depredación del ambiente y los recursos naturales y aceleran los procesos migratorios y de urbanización descontrolados, la segregación social, urbana, la fragmentación de las ciudades y la privatización y utilización irracional de los bienes comunes y del espacio público. Hemos estado atestiguando procesos que favorecen la proliferación de grandes áreas urbanas en condiciones de pobreza, precariedad y vulnerabilidad antes los riesgos naturales y los inducidos por la acción de los actores sociales, los gobiernos y los ciudadanos. En suma, hoy día construimos ciudades sociales injustas, económicamente ineficientes y con baja competitividad y complementariedad, espacialmente desordenadas, poco funcionales y ambientalmente insustentables. Entonces, por principio de cuentas, si reconocemos que son “los modelos de desarrollo y ocupación del territorio” los que contribuyen al cúmulo de problemas sociales de las metrópolis mexicanas, desarrollo y ocupación territorial derivados, a su vez, del actual modelo de desarrollo social, económico y político; en consecuencia, lo que debemos cambiar es, precisamente, este modelo de desarrollo neoliberal, manifestación práctica de un capitalismo salvaje. Cambiarlo, y cambiarlo urgentemente, porque algunas de sus tendencias catastróficas parecen ya irreversibles. La modernización neoliberal en México ha tenido efectos devastadores para la mayoría de la población, el ámbito urbano y los recursos naturales. Como acertadamente han señalado algunos analistas, esa modernidad ha levantado unos cuantos enclaves o megadesarrollos metropolitanos de lujo y prosperidad que concentran infraestructura y seguridad pública, rodeados por enormes territorios de tugurios donde los servicios públicos son escasos o inexistentes. El Estado cuenta cada vez con menos herramientas para regular los excesos del mercado –esto tiene como marco político la “corrupción urbanística”– y cumplir sus funciones redistributivas y asistenciales básicas. En los hechos, es el mercado inmobiliario, es decir, el capital inmobiliario, el verdadero planificador metropolitano.
La ausencia de política planificatoria territorial, que en realidad es un forma de hacer política neoliberal (Laissez faire et laissez passer, dejar hacer y dejar pasar), es lo que ha llevado a una situación generalizada que podemos denominar de profunda crisis “metropolitana”; es decir, a una agudización de los problemas y contradicciones sociales relativas a la apropiación del territorio. Hoy día, la ciudad es una verdadera catástrofe social por su desarrollo caótico, fragmentado, segregado, precario, desigual, polarizado, especulativo–inmobiliario, privatizador del espacio público, etcétera. Como bien señala la Carta Mundial por el Derecho a la Ciudad: “Las ciudades son, potencialmente, territorios con gran riqueza y diversidad económica, ambiental, política y cultural… (Sin embargo) Las ciudades están lejos de ofrecer condiciones y oportunidades equitativas a sus habitantes. La población urbana, en su mayoría, está privada o limitada –en virtud de sus características económicas, sociales, culturales, étnicas, de género y edad– para satisfacer sus más elementales necesidades y derechos.”
En efecto, la necesidad de un proceso de desarrollo urbano metropolitano ordenado, racional y planificado pasa, inevitablemente, por la construcción de una polis democrática. El derecho a la ciudad –en tanto la ciudad es o debe ser una cosa pública (res pública)–, supone, necesariamente, la apropiación colectiva de los espacios públicos y la subordinación del interés privado al interés público. Estamos hablando, pues, del derecho democrático inalienable de toda la ciudadanía a la apropiación de la ciudad como entidad pública.
La creciente distancia abismal entre el poder político gubernamental y los derechos ciudadanos es signo de los tiempos actuales. Un signo ominoso más de la contemporaneidad mundial de la barbarie civilizada, o de la crisis civilizatoria.
Ante esta situación absolutamente visible de catastrofismo metropolitano se impone necesaria y apremiante una reforma urbana democrática integral que contribuya, por lo pronto, a menguar los graves problemas de las grandes ciudades. A nuestro juicio esta reforma debe sustentarse en las modificaciones necesarias que de entrada tienen que ver con el marco jurídico constitucional (artículos 4, 27 y 115), con la Ley General de Asentamiento Humanos y la Ley Federal de Vivienda. La esencia de esta reforma urbana es imponer legal y legítimamente el interés público por encima del interés privado. Para establecer este principio fundamental, se trata, entonces, de revertir los procesos “desregulatorios”, privatizadores y de total apertura de las inversiones del capital inmobiliario externo y local, dentro del proceso de desarrollo urbano-metropolitano. Por tanto, ello tiene que ver, entre otras cosas, con un control irrestricto de los usos del suelo urbano, frenar la creciente especulación inmobiliaria, un gasto social con las prioridades para un posible desarrollo urbano sustentable (infraestructura, servicios públicos, equipamientos colectivos, etcétera); administración pública de los servicios públicos (políticas de movilidad urbana, etcétera), una auténtica participación ciudadana en las decisiones importantes de las políticas públicas urbanas.
Sin un cambio radical en política urbana, la próxima década del siglo, como fueron las tres décadas pasadas, será una década perdida para la mayoría de la gente que vive en las grandes ciudades. Esto significa que, de no haber cambios de fondo en la política en general, en este caso en materia de políticas territoriales a través de una reforma urbana democrática integral, seguiremos padeciendo, la mayoría de la población una creciente degradación social.
Lo anterior presupone que, mientras no existan las condiciones reales de una verdadera planificación urbana y de profundos cambios estructurales económicos para un modelo de desarrollo social progresivo, seguiremos viviendo en un verdadero desorden urbano dentro de una ciudad metropolitana cuyos espacios, salvo algunos oasis placenteros y lúdicos, y no me refiero a las islas del consumismo desaforado, sino a los espacios públicos de convivencia social y de apropiación pública. La ciudad será la de los espacios sociales de convivencia y de identidades ciudadanas abiertas, tolerantes, plurales, democráticas y lúdicas o no será ciudad. Si no inventamos formas políticas para detener el creciente deterioro metropolitano que es resultado, entre otras cosas de la apropiación particular de los espacios abiertos y públicos, nuestras ciudades se fragmentarán cada vez más en espacios sinónimos de la individualización exacerbada, ajena a las relaciones sociales y al mundo ciudadano de la polis democrática.
Debemos hacer el esfuerzo por tener ciudades dignas para una vida digna para todos los ciudadanos. La ciudad abierta y en armonía la hacen los ciudadanos, especialmente aquellos que hacen que esta ciudad pueda vivir; especialmente aquellos que trabajan y hacen que esta ciudad pueda latir incesantemente. Aquellos que la construyen cotidianamente pero que no gozan de sus beneficios.
Humanizar las ciudades, es decir, tener ciudades humanizadas es el gran reto del futuro inmediato para los habitantes de este siglo en ciernes. Humanizar las ciudades es humanizarnos nosotros mismos y (re)construir el tejido social. Pero esto requiere de una verdadera participación de toda la ciudadanía en la vida política: que haya una nueva voz y decisión efectiva de la gente participando en los asuntos públicos. Esto significa que la expresión gubernamental no será otra que la de los propios ciudadanos.
Un proyecto de sociedad futura pasa por un proyecto de ciudad alternativa. Una ciudad cuya (re)construcción social tiene como bases políticas las decisiones democráticas emanadas del poder popular; es decir, de la mayoría de la población. La única posibilidad de revertir la lógica del caos urbano es pugnar por establecer un gobierno de los de abajo, porque los de arriba han mostrado su total incompetencia política para construir una ciudad humanizada. Establecer un verdadero Estado de Derecho requiere de una reforma urbana de esta naturaleza. El derecho a la ciudad, tiene que ser un derecho establecido no sólo por un decreto formal sino por una acción práctica ciudadana consecuente con el espíritu republicano (la cosa pública) para el bienestar de la sociedad entera. Estableciendo una auténtica democracia participativa en el gobierno local. En otras palabras, el poder local lo ejerce la mayoría de la ciudadanía para establecer el bien común. *Profesor-investigador de la Universidad de Guadalajara. |
Unidad socialista #51 (descargar PDF)
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Exigimos la presentación con vida y en libertad de los detenidos-desaparecidos del EPR; Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Así como de todas y todos los presos políticos y desaparecidos del país. ¡Vivos se los llevaron vivos los queremos!
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Unidad socialista 51
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